EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA INICIA CON UN DECRETO-LEY LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL EN ANDALUCÍA. GANAN LOS MERCADOS, PIERDEN LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES.

LA PRIMERA EN LA FRENTE 
(aprobado el Plan de Ajuste Económico-Financiero de la Junta de Andalucía para 2012-2014).

Mientras una parte importante del personal está más preocupado por el resultado del próximo partido de fútbol entre España y Francia que por lo que van a encontrar sus hijos en los Centros Públicos de Enseñanza, o en lo que quede de ellos, el siguiente curso escolar, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado por fin, sin contar con el refrendo de los sindicatos, el Decreto-ley que recoge su Plan de Ajuste Económico-Financiero para el periodo 2012-2014. Plan este cuyos efectos ya se registrarán en las próximas nóminas que se abonen a los empleados públicos. Parece ser que la de julio será la primera. En cuanto a lo que harán o dejarán de hacer con las pagas de verano, ya nos enteremos cuando tengamos esas nóminas en las manos. Lo que anuncia la prensa es una bajada general de los salarios que no afectará a los empleados públicos que cobren menos de mil euros, y unos recortes en complementos; esta medida se verá complementada con un aumento de la recaudación vía impuestos directos cuyo traslado en las nóminas en la partida de IRPF o en la contribución al Régimen de Cotización de la Seguridad Social no pueden aún detallarse. Estas medidas se adornan con unas guindas vergonzantes como la de que los próceres de esta Comunidad se han bajado ellos mismos un 7’5 % sus salarios —¡Qué desprendimiento! ¡Cuánta generosidad! ¡Qué gran ejemplo!— o la intención de no bajar en más de un 10% la carga laboral y los salarios de los interinos. Se supone que esto es algo positivo para este personal (alguien lo debe suponer ya que esta medida se anuncia como un logro: en principio estaba previsto llegar al 15 % de reducción en estas partidas). Las declaraciones de algunos próceres de Izquierda Unida afirmando que ‘han estado a punto de declararse insumisos’ (pero no lo han hecho ‘por responsabilidad’) no sabe bien uno donde ponerlas.

Todo esto ocurre mientras al Parlamento andaluz siguen llegando peticiones formales, avaladas por sus firmas correspondientes y en un número que no podemos precisar pero que suponemos importante, en el sentido de que  dejen de externalizarse servicios y de pagarse con dineros públicos a empresas privadas y a gestores igualmente privados (asesores, consultores, certificadores de calidad y otras especies parasitarias, adalides de las privatizaciones que habrán de venir si no lo evitamos entre todos). Esta petición está dirigida ‘a los grupos parlamentarios’, por si alguno de estos quisiera hacer suya esta justa y bien fundamentada vindicación (la de reducir el déficit dejando de detraer recursos públicos hacia empresas privadas). Sin embargo hasta el momento ningún grupo parlamentario, ‘insumiso’ o no, ha querido hacerse cargo de la misma. O sea, que estamos solos.

Que los sindicatos no hayan querido apoyar formalmente este Decreto y este Plan (¡vaya plan sería ése!) no tiene otra lógica que la del mantenimiento de sus propias posiciones, que son unas posiciones de privilegio, cara a la galería. No nos engañemos: ellos son una parte interesada del conflicto. Pero su parte no es la nuestra. Ellos, los sindicatos, son de la parte explotadora; son parte del capital, como antes se decía (y puede seguir diciéndose, aunque ahora el capital se haya metamorfoseado en este Leviatán globalizador y sin entrañas)  ¿Dónde están —además de las manidas amenazas con movilizaciones y huelgas— las alternativas y las posiciones que defienden los sindicatos frente a este liquidador Plan de Ajuste o frente a este lamentable estado de cosas (y decimos 'frente', no decimos 'a propósito')? ¿Hasta cuándo van a seguir los sindicatos con sus movilizaciones y sus ‘huelgas legales’, que ellos no sufren en sus consecuentes económicos, como sí los sufren los trabajadores, y con su sumisión a los poderes constituidos, a los poderes económicos y a los poderes institucionales que están comenzando a liquidar esta forma de Estado que tanto trabajo —que tantos trabajos, y tantos impuestos— ha costado levantar y mantener?

Con respecto a las consecuencias del Decreto-Wert en el ámbito más específico de la Enseñanza en Andalucía, que vendrán a añadirse a los efectos de este Plan-Decreto aprobado ayer, 19 de junio, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, todo hace suponer que las ‘autoridades’, por así llamarlas (a pesar de la poca autoridad que tienen sus resoluciones), están esperando que las aulas se vacíen para aprobarlas por trámite de urgencia. Al más puro estilo …(lo reconozco: no encuentro el adjetivo).

Del Observatorio de Disposiciones Legales, de la Asamblea Permanente de profesores del IES Ibn al-Baytar.

Benalmádena. 20 de junio de 2012.